Migración, el reto que España ya no puede seguir improvisando

La migración es uno de los grandes retos del siglo XXI. En un mundo que gira hacia la globalización, con las desigualdades cada vez más acentuadas, el flujo de personas entre territorios y continentes se ha vuelto cada vez más habitual. Históricamente, nos recuerda a la emigración masiva de los canarios a Cuba y Venezuela, o de los irlandeses a Estados Unidos, pero está claro que las condiciones y el contexto han cambiado. Como decía, una desigualdad que va en crescendo y la búsqueda de nuevas oportunidades para sobrevivir son las principales razones de la emigración. A esto se suman la incertidumbre y la inestabilidad política de determinados países, tanto en el continente africano como en el americano.

Canarias lleva años intentando poner el foco en este asunto y demandando una política migratoria clara, estable y con perspectiva de Estado, aunque es ya un asunto que concierne a todo el continente europeo. Es probable que no hayamos sabido transmitir la urgencia y la importancia de esta petición, o que, simplemente, los gobiernos que tienen que atenderla quieran barrer debajo de la alfombra y pasar a otro asunto. Si bien es cierto que es necesaria una actuación contundente en toda Europa, lo es más aún en Canarias. No podemos olvidar la condición insular de nuestra región y la saturación de los recursos ante la llegada de decenas de miles de personas sin control. Es por ello que ante la reiterada petición de medidas inmediatas, aparentemente sin respuesta o llevadas a cabo con mucha dificultad por parte del Gobierno de España (por ejemplo, con el cumplimiento de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería o del auto del Tribunal Supremo que dice que compete al Estado hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo), la pregunta que nos formulamos es en qué va a beneficiar la regularización de personas inmigrantes a la crisis migratoria.

Para empezar, es importante conocer bien la medida que se plantea. El Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto que permitirá la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en el país. Está previsto que la norma beneficie hasta a medio millón de personas. Podrán solicitarla, por tanto, quienes estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025, no tengan antecedentes penales y puedan demostrar, al menos, cinco meses de residencia. Es importante tener en cuenta que se aprueba mediante un Real Decreto, es decir, no es necesaria su convalidación parlamentaria. Este dato es relevante si tenemos en cuenta la situación actual del Gobierno central: a pesar de ser una coalición entre dos formaciones políticas, se encuentra en minoría y requiere de apoyos externos no asegurados para sacar adelante las medidas que proponen. También es fundamental atender a que esta decisión da continuidad a una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que superó un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox.

Esta no es la primera convocatoria de regularización extraordinaria que se aprueba en España. A lo largo de la historia, cinco han sido impulsadas por gobiernos del Partido Popular y cuatro por el PSOE. La primera tuvo lugar en 1986, con Felipe González, donde fueron aprobadas 38.294 solicitudes. González impulsó otra convocatoria entre los años 1991 y 1992, cuando se regularizaron 114.423 personas. Más tarde, José María Aznar aprobaría varios procesos de regularización entre 1996 y 2001. En ese período salieron adelante 524.621 solicitudes. La convocatoria más reciente tuvo lugar en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que concedió 576.506 resoluciones. En la mayoría de estos procesos se exigía acreditar un tiempo mínimo de estancia en España y, en muchos casos, contar con una oferta de empleo. 

En definitiva, España ya ha realizado varias regularizaciones, con gobiernos de distintos colores, que no provocaron colapsos ni efectos llamada constatables, mientras que sí propiciaron mejoras económicas y sociales.

Cientos de miles de personas ya viven y trabajan en España, a pesar de que se encuentren en situación irregular. Ordenar y hacer visible esa realidad es fundamental para poner en valor su aportación y devolverles el esfuerzo. También es importante para luchar contra la economía sumergida a la que se ven obligados a acudir ante la imposibilidad de conseguir un contrato laboral. Con papeles, las personas migrantes cotizan, pagan impuestos y contribuyen de forma plena a la Seguridad Social, lo que refuerza el desarrollo de nuestro Estado de Bienestar.

Lo que está claro es que resulta prioritario que España, al igual que Europa, consolide una estrategia firme y coherente para afrontar uno de los grandes retos de este siglo, la migración. Y es que hablamos de un fenómeno estructural que radica en la desigualdad, cada vez más acentuada, así como en el conflicto y en regímenes autoritarios que no van a desaparecer de un día para otro. Por tanto, seguir respondiendo desde la improvisación no solo es ineficaz, como ya se ha demostrado, sino irresponsable cuando hablamos de personas. La falta de una estrategia clara genera el colapso de los sistemas de acogida y un debate público fomentado por la polarización y el miedo a lo diferente, frente a datos sólidos.

España necesita vías legales y seguras de migración, mecanismos ágiles de respuesta a esa demanda migratoria y sistemas de acogida dignos, así como políticas de integración que eviten la exclusión y la marginalidad de las personas migrantes. A su vez, debe tomar las riendas de la gestión fronteriza y, en caso de considerarlo necesario, endurecer los controles. Además, la migración debe abordarse desde otras perspectivas. Es una oportunidad económica y social para un país cada vez más envejecido y que necesita aumentar el porcentaje de población activa para sostener el modelo de bienestar.