El ‘Verano Joven’ del Estado vuelve a separar Canarias del continente

Una vez más, el Gobierno de España deja claro que Canarias no está en su radar. El programa ‘Verano Joven’, presentado por segunda vez con orgullo como una apuesta por la movilidad de los jóvenes, ha resultado ser una herramienta excluyente para miles de canarios. Aunque es cierto que técnicamente los isleños pueden acogerse a este programa (es necesaria la nacionalidad española o la residencia legal en el país), su adhesión supone un problema si tenemos en cuenta que deben trasladarse a territorio continental para poder disfrutar de sus beneficios.

El diseño del plan, centrado exclusivamente en el transporte terrestre, ignora por completo una verdad evidente: en Canarias no hay trenes ni conexiones por carretera con el resto del país. Aquí, moverse implica volar o embarcarse en un ferry. No reconocer eso no es solo una torpeza administrativa, sino una prueba más de cómo las políticas públicas nacionales desatienden sistemáticamente la realidad de quienes viven fuera de la Península, dejando a una parte de la juventud española con menos oportunidades para su desarrollo personal, educativo y profesional.

Lo sucedido con este programa no es una anécdota aislada, sino la última expresión de una lógica centralista que se repite una y otra vez: se legisla y se gobierna desde y para el territorio continental, sin tener en cuenta las limitaciones y particularidades de regiones como Canarias. En este caso, se lanza un ambicioso plan para la juventud desde el Estado, sin ni siquiera detenerse a pensar en cómo puede afectar a una comunidad ultraperiférica con una realidad territorial completamente distinta.

El mensaje es claro: si no puedes subirte a un tren, no entras en los planes. Si vives en una isla, no existes. Una juventud sin conexión es una juventud sin oportunidades. Se limita su derecho a conocer otros lugares, a ampliar horizontes, a formarse, a participar. Y en un archipiélago marcado por el desempleo juvenil, la precariedad laboral y la falta de alternativas más allá del turismo, esto no es solo una desventaja: es una forma de exclusión institucional.

La manera en que se ha estructurado este programa refleja un problema profundo: la juventud canaria no está teniendo las mismas oportunidades de movilidad y crecimiento personal que sus homólogos peninsulares. La falta de igualdad en el acceso a programas estatales como este alimenta una brecha que, lejos de cerrarse, se hace cada vez más evidente. ¿Cómo puede hablarse de una medida estatal para la juventud, si miles de jóvenes no tienen forma real de beneficiarse de ella?

No se trata de pedir favores o de suplicar adaptaciones. Se trata de exigir equidad, respeto y reconocimiento. Adaptar este programa para que incluya los medios reales de transporte que usamos en las islas no es una concesión: es una obligación si se quiere hablar en serio de justicia territorial (y más cuando las propias navieras han mostrado su predisposición a participar). Lo contrario es perpetuar un modelo desigual, que castiga a los jóvenes por el simple hecho de haber nacido en una isla.

Este tipo de decisiones son las que alimentan el desencanto y la frustración de la juventud canaria. No por falta de identidad ni por deseo de aislamiento, sino por la acumulación de agravios. Cuando desde el poder central se ignoran realidades básicas como la insularidad, se está profundizando en una desigualdad de oportunidades que limita el presente y condiciona el futuro de toda una generación. Porque también en Canarias hay jóvenes con aspiraciones, con talento y con el mismo derecho a moverse, aprender y crecer que cualquier otro joven del resto del país.