El alcalde de Güímar, denunciado por tratar de desalojar al exsepulturero de la vivienda que ocupa desde hace 33 años

Francisco Domínguez, a quien todo el mundo conoce en Güímar como Francis El sepulturero, ha denunciado al Ayuntamiento de Güímar, al alcalde Gustavo Pérez y a Policía Local, por intentar desalojarle, sin una orden judicial, el pasado 20 de abril de la vivienda que ocupa desde hace 33 años, cuando sustituyó como sepulturero municipal a su suegro, que le fue entregada, por el propio consistorio, justo al lado del camposanto, en el que ha sido enterrador, fosero, barrendero y hasta pintor.
El Ayuntamiento de Güímar ordenó el desalojo del inmueble, de apenas 44 metros cuadrados, aunque cuenta con un amplio patio, por "riesgo de derribo", aunque en realidad ya hace años que está detrás de que Francis abandone esa vivienda, cuando este le denunció después de que el Consistorio no le indemnizara el despido laboral tras sufrir un grave atropello el 9 de enero de 2019 que la postre le supuso una invalidez permanente, cuando hoy tiene 59 años de edad.
Recuerda que pasó dos años de rehabilitación, después de permanecer tres días en la UVI, en los que "estuve entre la vida y la muerte", tras sufrir la rotura de la clavícula, cinco costillas, el vaso y la perforación de un pulmón.
Francis comentó en Onda Tenerife que "he tenido que denunciarles porque se han saltado la ley, como les dijo el Contencioso, cuando Gustavo (el alcalde) mandó a dos policías, dos operarios, un cerrajero y una chica a echarme de mi casa, hasta pasé miedo, porque me enseñaron la porra a gritos de que me fuera, que era un vividor, que ganaba suficiente dinero para alquilarme otra casa", comentó Francis, quien ha puesto el asunto en manos de un conocido abogado de Santa Cruz, porque "ya no puedo tenerlo de oficio", reconociendo que cobra una paga por la invalidez, pero que mantiene el derecho de seguir viviendo en esa casa, junto a sus dos perros ciegos, según determinó el juzgado, pendiente aún del recurso del Ayuntamiento, que por lo pronto, según el alcalde, ha paralizado la orden de desalojo. Francis asegura que cuenta con el apoyo de "todos los vecinos, que me dicen que no me vaya, que aguante", remarca.

Sin derecho a indemnización

Como publicó Diario de Avisos hace cinco años, Francis, que cotizó durante 35 años a la Seguridad Social, aparte de sepulturero ha sido repartidor de prensa, miembro de seguridad y camarero, entre otras profesiones, comenzó a cobrar por aquel accidente 1.200 euros mensuales y recibió unos 30.000 del seguro del automóvil que le causó el accidente cuando se dirigía aquel 9 de enero con su moto desde el cementerio a una funeraria. El accidente tuvo por tanto la consideración de laboral. Sin embargo, el concejal de Seguridad, Cándido Gómez, le comunicó entonces que no tenía derecho a indemnización, por cuanto el Consistorio de Güímar, debido a la crisis económica y las leyes de la regla de gasto, quitó en 2012 el artículo 46 del convenio colectivo del personal laboral, las ayudas sociales y, además, el seguro de invalidez o de vida (12.020,24 euros). En 2015 se retomaron algunas ayudas sociales suspendidas tres años atrás, pero no los seguros.